Nóminas en el mínimo legal: cinco trabajadores cuentan cómo es vivir cobrando el SMI

“La calidad de vida está en los detalles”. En aquellas cosas que se hacen —o se dejan de hacer— después de descontar los gastos fijos y el tiempo de trabajo. Los protagonistas de estas historias cobran el salario mínimo interprofesional (SMI), es decir, la retribución mínima legal que un trabajador puede recibir por una jornada completa de trabajo en España. La frase con la que arranca este reportaje la pronuncia Iris Ballesteros, madrileña de 41 años que trabaja en el sector de la comida rápida. Su salario es de 1.000 euros al mes, aunque “algunos meses es menos, porque los contratos son por horas trabajadas”, apunta. Desde este martes 14 de febrero, el salario mínimo sube un 8% hasta los 1.080 euros mensuales en 14 pagas después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el aumento para alcanzar su compromiso de elevar la retribución mínima hasta el 60% del salario medio, según aconseja la Carta Social Europea.

En el caso de las personas que trabajan por horas, la nueva norma recoge que el salario base no podrá ser inferior a 8,45 euros al mes, una cifra que ya incluye la parte proporcional de domingos y festivos, pagas extraordinarias y vacaciones. Ballesteros lleva cinco años en una conocida cadena de comida rápida, en la planta donde se hacen las masas que sirven de base a las pizzas. Siempre ha trabajado con horarios y tiempos variables según el mes. En referencia a la subida de 80 euros del SMI, apunta que “cualquier aumento, por pequeño que sea, se nota”. Si su sueldo se aproximara al salario medio de España —actualmente en torno a los 1.600 euros netos— Ballesteros, que reside con sus padres, se plantearía comprarse una casa con su pareja, pero por ahora “es imposible”, pues ambos trabajan con condiciones similares.

Según estimaciones de UGT y CC OO, la agricultura y el sector servicios son las ramas profesionales que más sufren los bajos salarios. Cora Valiente (46 años) es camarera en Madrid, trabaja en una cadena de cafeterías a jornada completa y con la nueva subida su salario queda equiparado al SMI. Cuenta que invierte el 60% de sus ingresos en el alquiler de su casa, que comparte con su hermano. Ni siquiera se plantea una hipoteca: “Un piso, además de pagar la hipoteca, hay que mantenerlo”, y con un salario poco superior a 1.000 euros afirma que no le es posible. Valiente comenta que cuando los gastos suben se permite solo lo imprescindible. “Llegas a no quedar con nadie para no gastar. O paseas, que es gratis, o te quedas metido en casa todo el día”, concluye. Puntualiza que su salario es ligeramente superior a los 1.080 euros debido a los complementos salariales, por lo que teme que su nómina no sufrirá ningún cambio, sino que la subida de su salario base se compensará descontando de los complementos. “De no ser por las subidas no podríamos ni respirar”, señala.

Laura Sánchez (43 años) también trabaja en el sector servicios. Es nutricionista en el hospital de Murcia y su salario se rige por el convenio de hostelería: cobra el SMI por 40 horas semanales. “Afortunadamente, no tengo hipoteca y mi marido cobra más”, destaca. Sobre el incremento de las prestaciones base, afirma: “Las subidas son pequeñas, no se notan mucho, pero hay que ir avanzando aunque sea poco a poco”. Sánchez lleva 18 años trabajando en el mismo hospital, 14 de ellos con el convenio regulador caducado. Para ella, una ocupación como la hostelería debería tener salarios más altos. “Al final no habrá nadie que quiera trabajar en esto”, apunta.

El incremento salarial que se pone en marcha este martes tiene efecto retroactivo, es decir, se deberá abonar contando desde el 1 de enero. Para la nutricionista esto es “muy positivo” y supone un extra que “se agradece mucho”. En 2022, la inflación fue del 8,4%, muy por encima del crecimiento de los salarios (de un 2,78%).

A finales de 2018, la retribución mínima era de 735,90 euros mensuales. A partir de este martes será de 1.080 euros. Javier López sabe bien lo que es organizar su día a día con el salario mínimo porque lleva cobrándolo varios años. Cuenta que 80 euros más al mes cubrirían, en parte, los gastos de desplazamiento a su trabajo —de 30 euros semanales—. Este sevillano de 49 años lleva seis trabajando como administrativo en una empresa de consultoría. Actualmente, tiene una nómina de 1.000 euros, que se queda en algo más al tener las pagas prorrateadas. Con la pensión de su mujer, en su casa entran mensualmente 1.600 euros, con los que viven ellos y sus dos hijos.

Como en muchos otros casos, López explica que se recorta el gasto de aquello que no es imprescindible: “Cuando los precios no estaban tan disparados nos podíamos plantear, por ejemplo, celebrar nuestro aniversario. Ahora… difícilmente”. Cuando el presupuesto es bajo, tomarse un café deja de ser un acto improvisado y se convierte en una variable de la que recortar: “Si la factura de la luz llega disparada, pues tienes que quitarte de tomar el café”, señala.

En el caso de los jóvenes, emanciparse supone un reto cuando el salario es bajo. Sandra Casado tiene 23 años y es veterinaria en León. Su sueldo, con todos los complementos, ronda los 1.100 euros. “Independizarme es algo que veo bastante imposible”, apunta. De acuerdo con los sindicatos, el perfil más habitual de persona que cobra el salario base es una mujer de entre 16 y 34 años, con un contrato temporal.

Según un informe de CC OO, entre los más jóvenes los salarios tampoco alcanzan grandes cifras. El documento apunta que casi el 31% de los que tienen entre 16 y 24 años y trabajan a jornada completa se verán beneficiados por la subida. Siguen los jóvenes entre 25 y 34 años, con casi un 15% de incidencia. Casado cuenta que su trabajo la obliga a desplazarse en coche, lo que le supone 200 euros fijos de gasto mensual en gasolina. La joven vive en el hogar familiar, pero cuenta que con lo que le queda de nómina no puede plantearse un alquiler y tampoco ahorrar, salvo con la ayuda de sus padres.

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